• Cristian Sandoval

UNA MINGA POR COLOMBIA.

En las últimas semanas gran parte de la población indígena del departamento del Cauca ha tomado la iniciativa para entablar un diálogo directo con el presidente Iván Duque.

Hace apenas un par de semanas (finales de octubre), vimos en los noticieros las imágenes de busetas pintorescas paseándose por las principales vías de Bogotá. Indígenas del departamento del Cauca se habían tomado la capital colombiana en aras de reunirse con el presidente de la república. ¿Por qué la Minga se dio a esta tarea?


En diciembre de 2016 el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) firmaron un acuerdo de paz para poner fin a un enfrentamiento armado extendido por 5 décadas. Dicho acuerdo, además de integrar a las FARC como actor político y civil a la sociedad, contiene una serie de medidas para transformar una estructura económica, social y agraria de inequidad que dio lugar al conflicto armado en primera instancia. Así mismo, el acuerdo plantea unas medidas de no repetición, es decir, para no recaer en una vorágine de violencia. Casi cuatro años después, el panorama social colombiano nos abofetea y deja en evidencia la implementación del acuerdo.


De acuerdo con un informe del Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (INDEPAZ), publicado el 15 de julio de 2020, desde el 24 de noviembre de 2016 hasta la fecha han sido asesinados en Colombia 971 líderes sociales y defensores de derechos humanos, entre los cuales se cuentan 250 indígenas. Así mismo, el departamento más afectado por esta violencia ha sido el Cauca, en el cual se han registrado 226 homicidios desde el 2016.

Asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos desde la firma del acuerdo de paz.

Fuente: Informe especial. Registro de líderes y personas defensoras de DD.HH asesinadas desde la firma del acuerdo de paz. INDEPAZ


Por otro lado, en el cuarto informe sobre implementación del acuerdo de paz presentado por KROC: institute for international peace studies, se menciona que entre diciembre de 2018 y noviembre de 2019 la implementación general del acuerdo avanzó en un 6% (el plan marco de implementación del acuerdo plantea que la implementación se extenderá hasta 2031). Sobre el punto 3 del acuerdo, “fin del conflicto”, se reconocen importantes avances en la reincorporación de los ex – guerrilleros a la vida civil y la dejación de armas. No obstante, durante el 2019 el asesinato de firmantes de paz y líderes sociales continuó una curva ascendente que empezó en 2017 (tal como lo registra INDEPAZ). Respecto a los puntos de reforma rural integral, solución al problema de los cultivos ilícitos y las garantías de no repetición, los esfuerzos del gobierno han sido mínimos. Por si fuera poco, en un informe sobre seguimiento a la implementación presentado por la comisión para el seguimiento de la implementación, se expone que en 2018 aumentaron sustancialmente los homicidios en municipios donde se ha intentado desarrollar el Plan Nacional Integral de sustitución de cultivos ilícitos (PNIS), municipios entre los que se cuentan algunos del bajo Cauca.


En declaraciones hechas al diario El Espectador y el New York times, algunos voceros de la Minga manifiestan que una de las principales causas de la violencia es la ausencia del Estado en aquellos lugares cuyo control fue abandonado por las FARC. En el marco de este conflicto, zonas como el bajo Cauca son claves en tanto zonas con cultivos de coca y un puerto (Tumaco) para darle salida a la misma. Al fin y al cabo, para nadie es un secreto que el narcotráfico puede ser una enorme forma de financiación de grupos armados. Por si fuera poco, la Fundación Ideas para la Paz (FIP) ha lanzado un informe donde se explora la relación entre la pandemia del covid-19 y el deterioro de la seguridad y la implementación del acuerdo de paz en zonas como el bajo Cauca, Catatumbo, sur de Córdoba y nordeste antioqueño. Según el informe, los grupos armados presente en dichas regiones han aprovechado la coyuntura de cuarentena para realizar avances significativos en términos militares para tener control territorial. En concordancia con esto, el informe de INDEPAZ indica que Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba están entre los departamentos donde más se han registrado asesinatos de líderes sociales en los últimos 4 años.


En suma, el limitado impulso del gobierno de Iván Duque a la implementación del acuerdo de paz, la ausencia del Estado en los territorios que antes eran controlados por la FARC, y el aumento del pie de fuerza en muchos territorios para mantener las “estrictas medidas” de la cuarentena, irónicamente han dejado a muchas poblaciones desprotegidas. Una ciudadanía encerrada y un Estado ausente han permitido que numerosos grupos armados tenga libertad de movimiento en regiones como las ya mencionadas; esto, sumado a la guerra interna por el control de los cultivos y rutas del narcotráfico han llevado a Colombia de vuelta a una dinámica de violencia reminiscente a lo que sucedía en los años más crudos del conflicto armado.


Por todo lo anteriormente mencionado, en un reportaje para El Espectador una de las voceras de la minga indígena manifestó que su movilización tiene tres propósitos: 1. El rechazo rotundo de la violencia desatada en muchos de los territorios colombianos y en especial en el bajo Cauca. 2. Plantear un debate con el presidente de la república y la sociedad colombiana sobre temas estructurales: el fracking, la aspersión aérea con glifosato para eliminar cultivos de uso ilícito, la defensa de la consulta previa como mecanismo constitucional como forma de defender el territorio, etc. 3. Una defensa rotunda a la implementación del acuerdo de paz como forma de ponerle fin a la violencia y defender la dignidad del pueblo colombiano.


Mi generación, aquellos que votamos sí en el plebiscito hace 4 años, vemos como el sueño de una paz con justicia social se nos va como el agua entre los dedos. Probablemente debamos seguir el ejemplo de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), de los indígenas del bajo Cauca, y empezar a organizar núcleos de movilización en nuestros barrios, colegios, universidades, lugares de trabajo y hogares, para empezar a construir una nueva sociedad. En vez de quedarnos en la cuestión sobre por quién debería votar (que es importante), también miremos alrededor a nuestros vecinos, familiares, amigos y compañeros, y pensemos de qué forma podemos actuar de forma colectiva para devolverle al pueblo la soberanía democrática.

Referencias consultadas:

Montoya, Pablo. Las razones de la Minga indígena. El Espectador, 12 de octubre de 2020. Tomado de: https://www.elespectador.com/noticias/nacional/las-razones-de-la-minga-indigena/

Turkewitz, Julie. Indigenous colombians, facing new wave of brutality, demand government action. The New York Times, 24 de octubre de 2020. Consultado en: https://www.nytimes.com/2020/10/24/world/americas/colombia-violence-indigenous-protest.html

INDEPAZ. Informe especial de líderes y personas defensoras de DD.HH asesinadas desde de la firma del acuerdo de paz del 24/11/2016 – 15/07/2020.

Estrada, Jairo (compilador). El acuerdo de paz en Colombia: entre la perfidia y la potencia transformadora. 2019, CLACSO.

KROC: institute for international peace studies. Tres años después de la firma del acuerdo final de Colombia. Hacia la transformación territorial. Diciembre 2018 – noviembre de 2019. 4 informe.

Fundación Ideas para la Paz (FIP). Los graves impactos del covid-19 en la seguridad y la implementación del acuerdo de paz. 2020

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